La política lingüística que se está perpetrando en Baleares va claramente encaminada a la instauración del catalán como lengua única. Esta afirmación no sólo es una apreciación, es fruto de los datos objetivos que nos brinda constantemente con su actuación el “Govern” autonómico.
Todos los anuncios y comunicados oficiales que realiza la administración en medios de comunicación y redes sociales se realizan exclusivamente en catalán, pero al mismo tiempo se exige a la administración estatal que normalicen el uso del catalán. ¿Consejos vendo y para mí no tengo? En definitiva hipocresía pura y dura.
Pero la verdad es que nada de esto nos extraña, la administración autonómica nos tiene acostumbrados a este tipo de incoherencias para discriminar a la gente de Baleares que no habla exclusivamente en catalán y para ello no dudan en hacer caso omiso a la propia legislación autonómica, fundamentalmente del Estatuto de Autonomía, el origen de todo.
El Artículo 4 del estatuto literalmente dice que el castellano tiene carácter oficial, que nadie podrá ser discriminando por razón del idioma y que las instituciones garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas y la igualdad de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos.
Analicemos un ejemplo para ver si eso es así. Todos los anuncios y avisos con consejos sobre la pandemia se han hecho exclusivamente en catalán. ¿Eso es respetar el castellano como lengua oficial? ¿Eso no es discriminar al castellano y sus hablantes? ¿Eso es garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas y la igualdad de derechos de sus hablantes?
Obviamente no.
En la situación actual ¿se consentiría el caso inverso? Que la administración se comunicase exclusivamente en castellano y nada en catalán. Nuevamente la respuesta es la misma, obviamente no. Es más, sería una discriminación inadmisible. Para el catalán sí, para el castellano no.
¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que se esté haciendo caso omiso de una legislación tan clara? Pues muy sencillo. Una cosa es lo que dice la ley y otra es la intencionalidad con la que se legisló. El Estatuto de Autonomía se promulgó en 1983, cuando toda la administración, la educación, la vida oficial de Baleares se realizaba mayoritariamente en castellano. Entonces se pretendía que los catalanohablantes no fuesen discriminados y que la que fue declarada como lengua propia tuviera la misma utilidad práctica que el castellano, con lo que la legislación se aplica con una intención totalmente proteccionista.
Ahora la situación es bastante distinta a la de 1983. En la calle la lengua más hablada sigue siendo el castellano, porque las lenguas son pragmáticas y pertinazmente resistentes a las imposiciones, incluso a las subvenciones. Pero en cambio la administración autonómica está total y artificialmente catalanizada y eso se admite porque sigue primando la intencionalidad proteccionista de los catalanohablantes, aunque ello lo que en verdad supone es la discriminación real de los castellanohablantes de la que hablaba al principio.
Esto me recuerda al “efecto de la rana hervida”. Dicen que si pones una rana en agua hirviendo el animalito intentará escapar por todos los medios, pero si la pones a temperatura ambiente y vas calentando poco a poco el agua, la rana se irá acostumbrando y acabará muriendo escaldada sin oponer resistencia.
Los castellanohablantes somos la rana. Si de repente nos ponen en un entorno de discriminación, de inmersión lingüística, de señalamiento, de adoctrinamiento… hubiésemos saltado sin dudarlo.
Pero como este proceso se ha hecho en treinta y ocho años, relativamente poco a poco y con una finalidad de conseguir una igualdad de derechos, los castellanohablantes hemos ido admitiendo un proceso que, pretendiendo reducir la discriminación en un sentido, ha acabado ocasionando una discriminación flagrante en sentido contrario.
Desgraciadamente unos están encantados con la situación lograda y los otros son la rana que aún no se ha dado cuenta que está a punto de escaldarse.
Así nos va.
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